La Responsabilidad Ampliada del Productor, a examen

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“Quien contamina paga”. Este sencillo principio, enunciado por la Unión Europea dentro de sus políticas medioambientales, es la base en la que se sustenta un complejo sistema de recogida y tratamientos de residuos que se extiende por toda Europa, aunque en cada país se aplica de diferente manera. Se trata de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), una figura cuyo objetivo es ayudar a minimizar los efectos que las actividades comerciales e industriales producen en el medioambiente a través de una correcta gestión de los residuos. Y, eso sí, sin que el coste de esa gestión repercuta en las Administraciones ni en los ciudadanos que no consumen el producto.

 

La Responsabilidad Ampliada del Productor, a examen

 

Qué es la Responsabilidad Ampliada del Productor

 

Mediante la RAP se traspasa a los fabricantes el coste de la recolección y tratamiento de los residuos que generarán los productos que ponen en el mercado. El artículo 8.1 de la Directiva Marco de Residuos europea señala que las medidas de Responsabilidad Ampliada del Productor para mejorar la reutilización, la prevención, el reciclaje y la valorización, pueden incluir:

 

  • Diseñar productos con el menor impacto ambiental y generación de residuos posible, tanto durante su fabricación como en su uso posterior.
  • Procurar que esos productos sean más duraderos y tengan usos diversos.
  • Asegurarse de que esos productos y sus residuos puedan ser identificados y preparados para su reutilización o reciclaje.
  • Reducir la contaminación de los productos durante todo su ciclo de vida.
  • Hacerse cargo de la gestión de los residuos a través de la aceptación de la devolución de productos reutilizables.
  • Responsabilizarse total o parcialmente del sistema de gestión de los residuos.
  • Utilizar materiales reciclados en la fabricación de nuevos productos.
  • Realizar análisis e informar sobre sus residuos y su gestión.
  • Informar con transparencia sobre los costes aparejados al cumplimiento de la Responsabilidad Ampliada del Productor.

 

Responsabilidad Ampliada del Productor: individual o colectiva

 

Los fabricantes pueden cumplir con sus obligaciones derivadas de la Responsabilidad Ampliada del Productor de forma individual o colectiva. Por un lado, los sistemas individuales de Responsabilidad Ampliada del Productor consisten en procedimientos y sistemas de calidad que son implantados en el seno de cada una de las empresas para gestionar y optimizar internamente la gestión sus propios residuos.

 

Por otro lado, más extendidos y sistematizados están los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), a través de los que las empresas se unen para ofrecer una respuesta colectiva a sus obligaciones derivadas de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). En estas soluciones colectivas las empresas no gestionan directamente sus residuos, sino que ceden esa gestión a un tercer organismo. Para ello, se adhiere a un sistema estandarizado del tipo de residuo que es gestionado por una entidad sin ánimo de lucro especializada en esas funciones.

 

Cómo se paga la Responsabilidad Ampliada del Productor

 

Son las empresas quienes sufragan el sistema mediante el pago de una tasa a la entidad gestora para que esta se encargue de organizar la recogida y el tratamiento de los residuos generados por los productos de las empresas. Cada empresa paga en función de la cantidad de residuos que genera, para lo cual, por ejemplo, en el caso de los envases, debe hacer una declaración ante la entidad gestora del número de envases que pone en el mercado.

 

Por su parte, la entidad encargada de gestionar el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor emplea ese dinero para llegar a acuerdos con entidades públicas y privadas para que se hagan cargo de las labores de recogida y el posterior tratamiento de los residuos gestionados.

 

Un ejemplo de Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor es el operado por Ecoembes, que se encarga de la gestión de los residuos de envases y embalajes domésticos ligeros en España por medio de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG). A través de este sistema, todo productor que pone productos envasados en el mercado debe pagar una tasa de gestión a Ecoembes, llamada “punto verde”, por su recogida y tratamiento. En esta línea, Ecoembes llega a acuerdos con ayuntamientos para que sean los servicios municipales quienes se encarguen de la recogida de los residuos en los puntos de recepción (contenedores azules y amarillos) a cambio de una recepción económica, tal como establece la Ley.

 

En la actualidad. Ecoembes mantiene acuerdos con más de 8.000 ayuntamientos de toda España, que recogen los residuos depositados en los más de 229.000 contenedores azules y más de 388.000 amarillos, que posteriormente son trasladados a plantas de selección para ser separados por materiales y tratados para su reciclaje.

 

Regulación de la Responsabilidad Ampliada del Productor

 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados dedicaba un título a la “Responsabilidad Ampliada del Productor del producto”, estableciendo por primera vez un marco legal sistematizado y coherente para que los productores estuvieran involucrados en la prevención y en la organización de la gestión.

 

La normativa incluía las obligaciones a las que están sujetos los productores según cada tipo de residuo, obligaciones que hacen referencia, entre otros aspectos, a la financiación de su gestión, al cumplimiento de determinados objetivos o a la modalidad de cumplimiento. También establecía que la Responsabilidad Ampliada del Productor obliga a aparatos electrónicos y electrónicos, pilas y acumuladores, vehículos, envases, neumáticos y aceites minerales.

 

Esta legislación, no obstante, acaba de ser reemplazada por la aprobación definitiva, el pasado 31 de marzo, por el Congreso de los Diputados de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, tras votar las enmiendas propuestas por el Senado. De esta forma, España cuenta con un nuevo marco necesario y ambicioso derivado de la transposición de directivas europeas para la aplicación de nuevas obligaciones para los envases y residuos de envases en el ámbito de la economía circular y la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP).

 

La Responsabilidad Ampliada del Productor, a examen

 

Novedades legislativas en la Responsabilidad Ampliada del Productor

 

El nuevo texto legal introduce una serie de novedades relevantes en relación a la Responsabilidad Ampliada del Productor. Las principales son:

 

Amplía el alcance de la Responsabilidad Ampliada del Productor a los envases industriales y comerciales antes del 31 de diciembre de 2024, y establece un nuevo modelo y marco jurídico para los sistemas colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor.

 

Amplía los costes de la Responsabilidad Ampliada del Productor.  Tanto la nueva Ley de Residuos como el Reglamento de envases, aún en desarrollo (previsto para Q4 de 2022), imponen nuevos costes relacionados con obligaciones para la Responsabilidad Ampliada del Productor que se han incrementado o añadido. Entre ellos, destaca la financiación del coste total (y no sólo el sobrecoste) de las operaciones de gestión de los residuos. La normativa nacional también amplía el marco establecido por Europa, integrando nuevos objetivos y costes asociados a fracciones de residuos distintas a las de la recogida separada, como la fracción resto y las operaciones de limpieza del littering.

 

Nuevas obligaciones informativas, financieras y operativas para la Responsabilidad Ampliada del Productor. El nuevo marco regulatorio plantea la necesidad de trabajar para garantizar la sostenibilidad del modelo del modelo de la Responsabilidad Ampliada del Productor. Con ello se busca garantizar la transparencia y la participación de los productores en la toma de decisiones de los sistemas colectivos y su régimen económico-financiero. Por ejemplo, a través de criterios de ecomodulación para determinar el importe de las cantidades que deben abonar los productores para financiar estos sistemas. También destaca la creación del Registro de Productores, a través del cual el Ministerio monitorizará los envases puestos en el mercado.

 

 

Los envases y la Responsabilidad Ampliada del Productor

 

Otro inminente cambio legislativo: el Proyecto del Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, actualmente en sus últimas fases de tramitación, también incorpora novedades significativas respecto al sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor para el sector. Una de las principales es una nueva forma de calcular la contribución financiera al “punto verde”, a través de un nuevo sistema de ecomodulación, con la que se trata de hacer el sistema más equitativo.

 

Para ello, está previsto que empiecen a aplicarse una serie de bonificaciones (por ejemplo, a la incorporación de plástico reciclado a la fabricación) o penalizaciones a determinados residuos. Esta ecomodulación se realizará atendiendo a criterios de economía circular; es decir, que dichas contribuciones se ajustarán para cada producto o grupo de productos similares y teniendo en cuenta el ciclo de vida de los mismos. En esta línea, se valorarán factores como durabilidad, capacidad de reparación, reutilización y reciclaje o la presencia de sustancias peligrosas en los mismos.

 

Perseguir el fraude

 

Otro aspecto importante en relación a la Responsabilidad Ampliada del Productor es la persecución del fraude, de manera que no sean únicamente las empresas que cumplen con sus obligaciones legales quienes carguen con los costes de todo el sistema, sino que todas ellas contribuyan de manera solidaria y ajustada a su participación en el mismo.

 

El Proyecto del Real Decreto de Envases y Residuos de Envases establece la obligatoriedad para todos los fabricantes de aplicar la RAP.  Además, deberán inscribirse en un registro y remitir anualmente la información sobre los productos que hayan puesto en el mercado el año natural anterior. Con esta medida se persigue controlar el fraude de aquellos envasadores que no cumplen con sus obligaciones financieras.

 

Ecoembes contribuye a esta lucha contra el fraude a través de distintos mecanismos destinados, precisamente, a garantizar la transparencia del sistema y a denunciar posibles irregularidades. Entre las medidas que la entidad pone en marcha con este objetivo figuran la verificación periódica de los productos envasados en punto de venta, el análisis de bases de datos de empresas en sectores susceptibles de presentar mayor grado de infracción o el seguimiento de aquellas empresas que, por distintas razones, causan baja en el sistema. En caso de detectarse alguna irregularidad, la empresa responsable es denunciada a las autoridades que tengan en cada caso la competencia sancionadora. Además, Ecoembes insta a los ciudadanos a comunicarse con ellos de manera anónima en caso de detectar algún producto que no lleve el símbolo de punto verde en su envase, ya que este hecho puede indicar que no está cumpliendo con la Responsabilidad Ampliada del Productor.

 

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